El calvario judicial (I)

Como mi marido dispuso que sea un juez el que decida si correspondían los alimentos inicié el juicio de divorcio después de consultar con mi abogada en Francia que prácticamente me aseguró que me iban a dar la tenencia provisoria hasta que saliera la sentencia definitiva que en realidad era lo único que me interesaba.

La jueza francesa fijó una audiencia para el mes de abril de 2010. Como yo me sentía física, anímica y sicológicamente destrozada y tenía que dejar solos con mi madre a los chicos (ni loca los llevaba) le consulté si podía ella representarme en esa audiencia. Me dijo que sí, que le mande un certificado médico que ella lo presentaría con un escrito y creía que no habría problema. Cuestión, cuando recibió el escrito la jueza se puso de la nuca, fijó una nueva fecha y me intimó a presentarme en persona bajo amenaza de darle la razón a mi marido en caso de no comparecer. Así que tuve que viajar a Francia para la audiencia ya con un gol en contra y con un euro costando casi seis pesos.

Por eso a todas las chicas de otra nacionalidad que estén en pareja con un francés les repito: no se casen en Francia, ni tengan hijos ahí, porque entonces caerán en la trampa de que todo queda sujeto a la ley de ese país que tiene como política de estado retener a cualquier precio a los niños nacidos en su territorio así tengan que encarcelar a la madre y ni que hablar de que el interés de los niños les importa un bledo, lo que les importa es su política demográfica, sangre nueva para inyectar a una sociedad envejecida y para mantener sus ejércitos.

Y si no les queda más remedio que casarse en Francia por lo menos tengan sus hijos en su país de origen, no hagan como yo que desoí a mi madre por no discutir con mi marido y ahora tengo que luchar a brazo partido por mis hijos con un maricón agresivo e inflado porque que cuenta con todas las ventajas que le da jugar de local respaldado por la política demográfica de un país del primer mundo que usa a los maridos como instrumentos de su sistema policial para no permitir que mujeres del tercer mundo se lleven chicos de “su propiedad” a otras tierras con la excusa de que son ciudadanos franceses.

Imagínense que hoy tengo que pagar abogados que cobran en euros y gastos telefónicos en la misma moneda que hoy cuesta 6 pesos argentinos, estoy a 11 mil kilómetros del juzgado donde se ventila el juicio, me desconecté de personas que podrían ser mis testigos y tengo que pelear a ciegas no sólo contra un sicópata enardecido sino contra el estado francés. No es una posición muy cómoda que digamos.

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